Gobierno de Trump estudia recortar 8.000 millones en fondos educativos a California
La medida sería una represalia por el conflicto sobre el despliegue militar en Los Ángeles. El Departamento de Educación federal evalúa retener partidas asignadas por ley, mientras el estado denuncia motivación política. La decisión aún no está finalizada.
«Un riesgo que California debe conocer»
La secretaria de Educación, Linda McMahon, advirtió que la retención de fondos es «una herramienta disponible» ante lo que considera violaciones a la Ley Título IX, que prohíbe discriminación por sexo. «No buscamos blancos, pero debemos actuar ante infracciones», declaró en un evento de Bloomberg News.
El trasfondo político
La discusión surge tras días de protestas en Los Ángeles por redadas migratorias, donde más de 100 personas fueron arrestadas. El gobernador Gavin Newsom presentó una demanda para frenar el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump, que calificó de «inconstitucional». La Casa Blanca insiste en que era necesario para «restablecer el orden».
Impacto en las escuelas
California recibe 8.000 millones anuales para programas de estudiantes vulnerables. El superintendente estatal Tony Thurmond aseguró que cualquier recorte requeriría aprobación del Congreso, pero alertó que el miedo migratorio podría reducir la asistencia escolar, costando a los distritos más de 150 millones. «Cada día es una nueva batalla», admitió.
California bajo presión
El estado ya enfrenta recortes del 3% en sus universidades públicas (UC y CSU), que también dependen de fondos federales. La administración Trump ha amenazado antes con retirar financiación, como en mayo por la participación de atletas transgénero. Un portavoz de la Casa Blanca acusó al estado de «políticas lunáticas» sobre energía, crimen e inmigración.
Preparados para la batalla legal
El Departamento de Educación californiano recordó que los tribunales han bloqueado intentos previos de condicionar fondos. «Lucharemos por proteger los recursos educativos», afirmó su directora de comunicaciones, Liz Sanders. Mientras, la administración federal insiste en que «ninguna decisión final está tomada».
