Gobierno de EE.UU. transfiere programas educativos a otras agencias
El Departamento de Educación (ED) acordó enviar miles de millones a Trabajo (DOL) y trasladar empleados a Tesoro (Treasury). Los planes, revelados en documentos judiciales, están en pausa tras una orden judicial que bloqueó despidos masivos en el ED. La administración Trump busca externalizar funciones del ED sin aprobación del Congreso.
«Un sistema de desarrollo laboral sin fisuras»
Según documentos obtenidos por POLITICO, el ED firmó en mayo un acuerdo con DOL para transferir hasta 2.700 millones en fondos, destinados a programas de educación técnica y para adultos. El objetivo declarado es «reducir la carga administrativa para los estados», aunque el ED mantendría técnicamente el control financiero.
Préstamos estudiantiles bajo lupa
Nueve empleados del ED, incluido uno vinculado al proyecto DOGE de Elon Musk, fueron asignados a Treasury para gestionar cobros de préstamos estudiantiles. La medida surgió tras el fracaso de un contrato externo de cobranzas y la falta de personal tras los despidos masivos. Un exfuncionario anónimo afirmó: «Ya era débil, pero luego despidieron a todos».
Un rompecabezas legal
Un juez federal bloqueó en marzo los despidos, considerándolos un intento de desmantelar el ED sin aval legislativo. La secretaria de Educación, Linda McMahon, insistió en que «el Congreso debe votar para cerrarlo», aunque admitió discusiones para redistribuir funciones. Mientras, el gobierno apeló al Tribunal Supremo.
De la educación al Tesoro: un viejo anhelo conservador
Trasladar los préstamos estudiantiles (1,6 billones de dólares) ha sido una meta histórica de los conservadores. En marzo, Trump sorprendió al proponer su transferencia a la Pequeña Empresa (SBA), pero Treasury emergió como alternativa. McMahon lo calificó como un lugar «natural», aunque reconoció que requiere aprobación del Congreso.
Pausa forzada, futuro incierto
La orden judicial paralizó los acuerdos, pero la administración insiste en que la reorganización ahorraría costos. Mientras, los programas educativos y de cobranza siguen en limbo, con el ED debilitado y sin claridad sobre qué funciones puede transferir unilateralmente.