Arce acusa a Morales de fomentar violencia en bloqueos con 30 heridos

Los enfrentamientos en Llallagua dejaron dos rutas claves bloqueadas y ataques a servicios esenciales. El presidente denunció «actividades delictivas» de seguidores del expresidente. La crisis afecta el suministro de alimentos y combustible en Potosí.

«Una de las jornadas más violentas de la historia reciente»

El presidente Luis Arce responsabilizó al expresidente Evo Morales por los disturbios en Llallagua, Potosí, donde más de 30 personas resultaron heridas en enfrentamientos con bloqueadores. «Los seguidores de Morales agredieron a personal médico, destruyeron una ambulancia y saquearon comunidades», afirmó en redes sociales. La Fiscalía de Potosí confirmó 10 heridos, uno en estado grave.

Bloqueos que paralizan una región

Desde hace seis días, dos puntos de bloqueo cortan la carretera Llallagua-Oruro, y otros cuatro afectan las rutas a Potosí y Sucre. Los vecinos denuncian que esto «impide el ingreso de alimentos y cisternas de combustible». Radio PIO XII reportó ataques con piedras contra comercios, autoridades locales e incluso un párroco.

Instituciones bajo ataque

Los manifestantes incendiaron sedes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y dañaron viviendas. Vehículos policiales fueron destruidos, según el fiscal Gonzalo Aparicio. Los habitantes organizaron vigilias nocturnas para protegerse, informó Radio Fides Potosí.

Antecedentes: Un «Proceso de Cambio» en crisis

El conflicto surge en medio de tensiones políticas entre Arce y Morales, quien lideró el llamado Proceso de Cambio desde 2006. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió frenar la violencia: «Cualquier protesta tiene límites», advirtió, subrayando que no se puede vulnerar derechos básicos como el acceso a salud o alimentos.

Llallagua: entre la desesperación y la resistencia

La situación sigue crítica con servicios esenciales interrumpidos y una investigación fiscal en marcha. Mientras Arce promete llevar ante la justicia a los responsables, la población local intenta autoprotegerse en medio de lo que el gobierno califica como una «obsesión por destruir la democracia».