Despliegue de tropas en Los Ángeles costará 134 millones de dólares
El Pentágono confirmó que la operación incluye a 4.700 efectivos. La medida, ordenada por Donald Trump, genera tensiones con autoridades locales que rechazan la intervención. El cálculo cubre gastos logísticos y se dio a conocer en una audiencia presupuestaria.
«El presidente actuará donde el gobernador falló»
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el despliegue ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara. Aseguró que Trump tiene «todas las autoridades necesarias» para enviar tropas, pese a la demanda de California por considerar la medida una violación a su soberanía. «La Guardia Nacional y los Marines están orgullosos de hacerlo», añadió.
Costos y controversias
Bryn MacDonnell, contralora interina del Pentágono, detalló que los 134 millones cubren «transporte, alojamiento y alimentación» para 4.000 guardias nacionales y 700 Marines. El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, ambos demócratas, insisten en que la presencia militar no es necesaria.
Choque político en audiencia
Hegseth atribuyó la crisis a «manejo deficiente» de los líderes demócratas locales y justificó la intervención federal como corrección a la «subinversión crónica» en seguridad durante el gobierno de Biden. Sin embargo, evitó abordar otros temas polémicos, como despidos de altos mandos militares.
California versus la Casa Blanca
El estado demandó a la administración Trump argumentando que el despliegue excede las competencias federales. La disputa ocurre en medio de protestas masivas contra deportaciones, aunque Hegseth insistió en que las tropas protegerán a los agentes federales.
Próximas batallas en el Capitolio
Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, enfrentarán más audiencias esta semana para defender el presupuesto de Defensa. Analistas anticipan que el secretario podría enfrentar mayores presiones políticas, aunque en su primer comparecencia evitó daños significativos.
Un gasto que divide a la nación
La operación refleja la tensión entre políticas federales y autonomía estatal, con repercusiones fiscales y legales. Su impacto dependerá de la resolución judicial y la evolución de las protestas, mientras el Pentágono prioriza la seguridad sobre el costo.
