Trump despliega 2.000 guardias nacionales en Los Ángeles

El presidente Trump justifica el envío de tropas ante protestas por deportaciones, mientras expertos legales y gobernadores demócratas cuestionan su legalidad.
POLITICO

Trump despliega 2.000 guardias nacionales en Los Ángeles

Expertos legales cuestionan la legalidad del operativo. El presidente estadounidense justifica la medida ante protestas contra deportaciones masivas. Gobernadores demócratas la califican de «abuso de poder».

«Un precedente peligroso para la democracia»

Trump citó una ley federal que permite usar la Guardia Nacional para suprimir «el peligro de una rebelión», aunque no ha invocado el Acta de Insurrección. «Es un pretexto político, no una necesidad real», afirma Chris Mirasolo, profesor de derecho en Houston. La orden presidencial sugiere que las protestas «inhiben la ejecución de las leyes».

Reacción de California

El gobernador Gavin Newsom tachó el despliegue de «ilegal» y anunció una demanda. «Esto es sobre tendencias autoritarias, poder y ego», declaró en MSNBC. Autoridades locales insisten en que manejaban las protestas sin necesidad de intervención federal.

Riesgo de escalada

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que podrían movilizar marines si continúa la tensión. Expertos temen que enfrentamientos justifiquen usar el Acta de Insurrección, permitiendo acciones más agresivas. Trump ya calificó a manifestantes de «insurreccionistas» y pidió arrestos.

Cuando la historia se repite

Es la primera vez desde 1965 que un presidente envía tropas contra la voluntad de un gobernador. Lyndon Johnson lo hizo para proteger a manifestantes por derechos civiles en Alabama. En 2007, el Congreso autorizó despliegues en emergencias, pero la medida fue revocada al año siguiente tras presión de los 50 gobernadores.

Un pulso judicial en ciernes

La demanda de California pondrá a prueba los límites del poder ejecutivo de Trump. Mientras, la Guardia Nacional sigue en las calles de Los Ángeles, con protestas que podrían intensificarse. Expertos advierten que la situación amenaza libertades y estabilidad democrática.