Fiscalía de Tarija analiza pruebas para juicio por trata agravada contra Evo Morales
El Ministerio Público evalúa imputar o sobreseer al expresidente y otros dos involucrados. El caso, investigado desde septiembre de 2024, derivó en una orden de aprehensión incumplida. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba protegido por cocaleros.
«Corresponde acusar o buscar alternativas»
La fiscal Sandra Gutiérrez confirmó que analizan «todas las pruebas» antes de emitir una resolución. «Como Ministerio Público ya estamos en esa etapa», declaró, sin precisar plazos. La denuncia inicial señaló a Morales y a los padres de la víctima por trata agravada.
Rebeldía judicial y presión política
Un juzgado de Tarija declaró en rebeldía a Morales en enero de 2025 por no asistir a audiencias. La diputada Luciana Campero (CC) amenazó con denunciar a la Policía si no ejecuta las órdenes de aprehensión: «No pagarán por su impunidad». El ministro de Justicia, César Siles, exigió en mayo acelerar la acusación formal.
Un caso que divide aguas
El expresidente evade la acción judicial resguardado por sectores cocaleros, mientras figuras oficialistas cuestionan su inmovilización. La diputada Campero insistió en que presentará un memorial para exigir su captura, reforzando la polarización en torno al proceso.
De denuncia a impasse judicial
El caso inició en septiembre de 2024 con una denuncia anónima. Tres meses después, la Fiscalía imputó a Morales y los progenitores de la víctima. Pese a las órdenes judiciales, ninguna autoridad ha logrado concretar su aprehensión, prolongando un conflicto con ramificaciones políticas.
La resolución marcará el próximo paso
La Fiscalía de Tarija definirá si el caso avanza a juicio oral o se archiva. Su decisión podría reavivar tensiones, especialmente si se confirma la inacción policial. El escenario sigue atado a la movilización de bases sociales que protegen al exmandatario.
