Justicia envía a prisión a dirigente evista y eleva a 30 los detenidos

Enrique Mamani, líder del MAS afín a Morales, cumple 90 días en Chonchocoro. La medida se dictó tras acusaciones de amenazas contra autoridades. En paralelo, aumentan las detenciones por bloqueos en Cochabamba, donde se incautaron fondos para protestas.

«Secuestro político» y tensión creciente

La Fiscalía imputó a Mamani por «promover violencia» y amenazar al presidente Luis Arce y vocales del TSE. «Estás a punto de caer», declaró el dirigente antes de su arresto en La Paz. Su defensa y sectores evistas denuncian «persecución», mientras el abogado de Morales afirma: «No intimidarán al pueblo movilizado».

Operativos y nuevos arrestos

La Policía detuvo a 10 personas en Vinto (Cochabamba) durante desbloqueos, y a un sospechoso con Bs 35.000 «para solventar protestas». En Quillacollo y Laguna Alalay hay 32 detenidos más. La Defensoría supervisa los casos para garantizar «debido proceso».

Evo Morales y el pulso electoral

Mamani exigió antes de su arresto «habilitar a Morales como candidato» para las elecciones de agosto. El expresidente tachó las detenciones de «intento de silenciar la defensa de la democracia». En octubre de 2024, otro dirigente evista, Humberto Claros, fue encarcelado durante protestas similares.

Bloqueos que no cesan

Cochabamba sigue siendo el epicentro de las movilizaciones, con 50 heridos reportados. Ayer, militares y policías reiniciaron operativos de desbloqueo. El evismo mantiene su rechazo al Gobierno y al TSE, que sesionó en Santa Cruz «para evitar contratiempos».

Un conflicto que se arrastra

La crisis política escaló desde 2024, cuando el MAS evista inició protestas para exigir la candidatura de Morales. Los bloqueos y enfrentamientos con fuerzas estatales han marcado un clima de polarización, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

El pulso sigue en las calles

Las detenciones no han frenado las protestas, que profundizan la inestabilidad semanas antes de las elecciones. El evismo insiste en su demanda, mientras el Gobierno aplica medidas judiciales y operativas. La Defensoría vigila que los procesos cumplan la ley.