Presidente del TSE garantiza seguridad en elecciones de agosto
Óscar Hassenteufel asegura que el sistema electoral es «lento pero absolutamente seguro». El titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) defendió la transparencia del proceso en entrevista con EL DEBER, pese a inhabilitar el 36% de candidaturas. Las declaraciones se dan en medio de tensiones políticas previas a los comicios del 17 de agosto.
«Las actas no se modifican»: blindaje electoral
Hassenteufel desmintió rumores sobre manipulación: «Nuestro sistema es seguro. Las actas se escanean desde 2002 y cualquier ciudadano puede verificarlas». Detalló que el conteo es manual y público, y que el TREP (Transmisión Rápida de Resultados) solo tiene carácter informativo. El 12 de junio realizarán una prueba interna del sistema.
Independencia frente a presiones
Rechazó injerencias políticas: «Somos un órgano autónomo, sin militancia partidaria». Sobre las inhabilitaciones de candidatos —como Paulo Rodríguez Folster (ADN)—, aclaró que responden a «debilidades en estructuras partidarias», no a sanciones. Confió en que el Tribunal Constitucional no retrasará el calendario electoral.
Elecciones bajo tensión
El proceso se desarrolla en un clima de polarización, conflictos judiciales y movilizaciones callejeras. Hassenteufel admitió dificultades financieras, como retrasos en pagos a funcionarios en el exterior, y la falta de aprobación de proyectos de ley en la Asamblea. Pese a ello, insistió en que «todo funcionará con transparencia».
Un sistema con historia
Bolivia utiliza desde 2002 un sistema de escaneo y publicación de actas, reforzado con sorteo digital para jurados electorales. El TREP, implementado en elecciones anteriores, sigue generando debate por su no oficialidad, aunque el TSE insiste en su rol complementario.
Voto y confianza: la apuesta final
Hassenteufel, de 80 años, pidió a la ciudadanía «confiar en el TSE y participar». Su mensaje cierra una entrevista que busca tranquilizar al electorado ante un escenario complejo. Los resultados del simulacro del 6 de julio —con hasta 9.000 personas— serán clave para validar las garantías prometidas.
