Internos acusan al MAS y a la oposición de incumplir promesas en cárceles
Denuncian que persisten corrupción, extorsión y tortura en el sistema penitenciario. Internos del penal de San Pedro revelan que autoridades y policías se benefician de cobros ilegales. La crítica surge a menos de un año de las elecciones generales de 2025.
«El sistema está podrido desde adentro»
Internos del penal de San Pedro en La Paz exponen que las promesas de reforma del MAS y la oposición «son mentiras». Martín, uno de los reclusos, asegura que «es todo un sistema estructurado de corrupción. El que llega aquí se corrompe, sobre todo la policía». Señala que los partidos solo rotan cargos sin cambiar prácticas ilegales.
Acusan a autoridades penitenciarias
Los internos apuntan directamente al director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias (MAS), y al director del penal de San Pedro, Paulo Adhemir Santos Mengoa. «Todos son del MAS y continúan las extorsiones. Se roba la plata con cobros forzados», denuncia Martín. Julio, otro recluso, describe operativos de «cuidar apariencias» que duran solo días antes de volver a la «normalidad» corrupta.
Un negocio que no para
Los testimonios detallan cómo delegados, policías y funcionarios se benefician de redes de cobros ilegales, supuestamente para mejorar infraestructura. «El Régimen Penitenciario vive de eso», insisten. Las denuncias coinciden con informes previos de la APDHB y el MNPT sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos en las cárceles.
Décadas de promesas incumplidas
El sistema penitenciario boliviano arrastra problemas estructurales desde hace más de 20 años, con hacinamiento crónico, torturas y control de internos por redes criminales. Pese a reformas anunciadas en cada gestión, los internos aseguran que «nada cambia» y acusan a todos los partidos de usar el tema con fines electorales.
La corrupción sigue mandando
Las denuncias revelan que el modelo de extorsión y abuso persiste independientemente del partido en el poder. Con elecciones en el horizonte, los internos descartan que las promesas actuales logren romper el círculo vicioso descrito como «máquina de generar dinero» para funcionarios y policías.
