Trump retira 4.000 millones de dólares al tren bala de California
El Gobierno federal cancela fondos para el proyecto ferroviario. Los demócratas estatales responden garantizando 1.000 millones anuales. La polémica obra, con un coste disparado hasta 128.000 millones, une a sindicatos y gobernantes frente a los republicanos.
«No nos rendiremos con el tren»
La administración Trump anunció este miércoles la retirada de subvenciones aprobadas en la era Biden para el tren Los Ángeles-San Francisco, según un informe de 300 páginas. El gobernador Gavin Newsom y líderes demócratas como Scott Wiener «reafirmaron su compromiso» con la obra, blindando fondos del programa de comercio de emisiones (CAP-AND-TRADE).
Argumentos y réplicas
El informe federal cuestiona la «falta de estabilidad financiera a largo plazo» del proyecto. Carol Dahmen, portavoz de la Autoridad del Tren Bala, lo calificó de «decisión equivocada», pero destacó que los 1.000 millones anuales propuestos por Newsom permitirían terminar el tramo Bakersfield-Merced.
Sindicatos: el respaldo decisivo
El proyecto ha empleado a 15.000 trabajadores sindicalizados desde 2015, según datos oficiales. Michael Quigley, de la Alianza para el Empleo de California, subrayó: «Es momento de redoblar esfuerzos». Una coalición de sindicatos y grupos públicos incluyó el tren entre sus prioridades para el CAP-AND-TRADE.
Críticas republicanas
El congresista Kevin Kiley (republicano) celebró la retirada de fondos: «Es el mayor fracaso en infraestructura de EE.UU.». Su partido lleva años denunciando el sobrecoste y los retrasos de una obra cuyo presupuesto inicial era de 33.000 millones.
Un proyecto que divide desde 2008
El tren bala fue aprobado por votación popular hace 17 años como alternativa ecológica al transporte convencional. Sin embargo, problemas de financiación, disputas territoriales y cambios de diseño han multiplicado su coste y retrasado su conclusión hasta al menos 2033.
California decide su apuesta ferroviaria
La batalla política continuará en las negociaciones para reautorizar el CAP-AND-TRADE. Mientras Trump bloquea fondos federales, el estado busca alternativas para una obra que ya moviliza a sindicatos, ecologistas y legisladores.
