Juez declara ilegales deportaciones de Trump a El Salvador
Un tribunal federal anuló la expulsión de 140 venezolanos bajo una ley de 1798. El fallo critica la falta de garantías procesales, pero no ordena repatriarlos. Los afectados están recluidos en una prisión salvadoreña antiterrorista.
«Violación flagrante de derechos fundamentales»
El juez James Boasberg determinó que el uso del Alien Enemies Act por parte de Trump fue ilegal, al aplicarse sin guerra declarada contra Venezuela. Los deportados el 15 de marzo «no tuvieron oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros», señala el fallo de 69 páginas.
Repercusión para los afectados
Los hombres permanecen en el penal CECOT de El Salvador, donde según pruebas «muchos no tienen vínculos con la pandilla Tren de Aragua». El juez dio una semana al Gobierno para presentar un plan que permita a los deportados acceder a tribunales estadounidenses.
Un proceso marcado por la polémica
Boasberg había emitido una orden de emergencia para detener los vuelos, pero las autoridades ignoraron el mandato. En abril, el juez inició procesos por desacato contra funcionarios, aunque una corte de apelaciones los paralizó. Trump calificó a Boasberg como «un lunático de izquierda radical».
Postura judicial dividida
Mientras tribunales en Texas, Colorado y Nueva York respaldaron la ilegalidad de aplicar la ley, cortes en Pensilvania y California validaron su uso pero criticaron la falta de tiempo para defensa. La Corte Suprema falló que los deportados deben tener oportunidad de recurrir.
Una ley con dos siglos de historia
El Alien Enemies Act, creado en 1798, solo se había usado tres veces antes. Permite deportaciones aceleradas exclusivamente durante guerras declaradas, contexto inexistente con Venezuela. Trump alegó vínculos entre los deportados y el gobierno venezolano, sin presentar pruebas concluyentes.
Justicia sin repatriación inmediata
El fallo sienta un precedente sobre límites al poder ejecutivo, pero deja en suspenso el futuro de los deportados. La ACLU celebró la decisión como un freno a «violaciones constitucionales», mientras el Gobierno debe ahora diseñar un mecanismo de apelación para los afectados.
