Gobierno de EE.UU. ordena ignorar fallo sobre fondos para vehículos eléctricos
La Casa Blanca rechazó un dictamen que declaró ilegal la congelación de 5.000 millones de dólares. La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) calificó la decisión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) como «errónea». El conflicto surge de la pausa en el programa de infraestructura para coches eléctricos (NEVI).
«Un fallo legalmente indefendible»
Mark Paoletta, asesor general de la OMB, envió una carta al Departamento de Transporte (DOT) este martes, instándolo a desestimar el informe de la GAO, que consideró «parte de una tendencia partidista». La GAO había determinado que la congelación de fondos violaba la Ley de Control de Apropiaciones. «Las agencias no deben cooperar con intentos de obstruir la agenda del presidente Trump», escribió Paoletta.
Discrepancias sobre el programa NEVI
El DOT defendió que su manejo de los fondos del programa NEVI —creado en 2021— cumplía con la ley. Paoletta argumentó que la pausa fue temporal y que no requirió ajustar los registros de obligaciones financieras. La GAO insiste en que el DOT interpretó mal las normas y que la Casa Blanca debe enviar una solicitud formal al Congreso para modificar fondos ya aprobados.
Reacciones institucionales
Sarah Kaczmarek, portavoz de la GAO, afirmó que mantienen su postura «independiente y no partidista». Por su parte, Nathaniel Sizemore (DOT) acusó a la GAO de malinterpretar la estructura del programa NEVI y señaló que se está actualizando su implementación por fallos previos.
Antecedentes: Una batalla por los fondos verdes
El programa NEVI, financiado con 5.000 millones de dólares bajo una ley bipartidista de infraestructura, busca expandir la red de carga para vehículos eléctricos. La polémica surge tras la decisión del gobierno de Trump de pausar las obligaciones financieras, alegando necesidad de revisar las directrices.
El conflicto sigue en el Capitolio
El director de la OMB, Russell Vought, comparecerá este miércoles ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara. El desacuerdo entre el poder ejecutivo y el órgano fiscalizador refleja tensiones más amplias sobre la ejecución de políticas ambientales en EE.UU.
