Dirigente petrolero denuncia a ocho funcionarios de YPFB y Botrading
Ludwin Sánchez acusa a Armin Dorgathen y otros siete directivos de delitos económicos. La denuncia se basa en un informe legislativo que detectó irregularidades en compras de combustible. Sánchez solicitó protección por posibles represalias.
«Delitos que dañan al Estado»
El dirigente petrolero presentó la denuncia penal este 3 de junio en La Paz, señalando «uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado». Los imputados incluyen a la presidenta de Botrading, Sandra Otazu, y al titular de YPFB, Armin Dorgathen. «Las pruebas están en el informe de Diputados y nuestras investigaciones», afirmó Sánchez.
Los acusados y las irregularidades
Además de Otazu y Dorgathen, la denuncia nombra a seis funcionarios más, entre ellos Gabriela Delgadillo Salazar, señalada como «una de las principales involucradas». La comisión legislativa había detectado «sobreprecios en compras de combustible» por parte de Botrading, subsidiaria de YPFB.
Riesgos para el denunciante
Sánchez pidió garantías a las autoridades y a la comunidad internacional: «No descarto hostigamiento o atentados contra mi vida». Advirtió que las amenazas aumentaron tras sus denuncias públicas sobre el caso.
Un escándalo que viene de lejos
La Cámara de Diputados ya había revelado irregularidades en Botrading en investigaciones previas. El caso involucra a altos cargos de YPFB, empresa estatal clave en la gestión de hidrocarburos en Bolivia.
Justicia bajo presión
La denuncia judicializa las acusaciones legislativas y pone el foco en la responsabilidad penal de los funcionarios. El impacto dependerá de la actuación fiscal en un caso de alta sensibilidad política y económica.