Seis partidos proponen eliminar elección por voto de magistrados
6 de 9 organizaciones políticas plantean reforma constitucional para priorizar meritocracia. La medida busca resolver la crisis judicial, marcada por politización y corrupción. Las elecciones generales serán el 17 de agosto con más de 7.5 millones de votantes.
«El sistema judicial está quebrado»
De las nueve organizaciones habilitadas para las elecciones, seis coinciden en eliminar la elección por voto popular de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Entre ellas están las alianzas Libre, Unidad, Libertad y Progreso, y los partidos Súmate, MAS y Morena. «El actual sistema responde a líneas políticas y carece de credibilidad», señalan los planes de gobierno.
Propuestas clave
Libre (Jorge Quiroga) propone «desmantelar el sistema de elección» y sugiere modificar la Constitución. Unidad (Samuel Doria Medina) plantea eliminar el TCP y crear una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo. El MAS admite que su propio modelo «falló por falta de transparencia» y promete ascensos por méritos. Morena propone una comisión independiente para reformar el sistema.
Excepciones y tensiones
La alianza Fuerza del Pueblo (UCS) no aborda el tema, mientras el MTS de Félix Patzi —con personería jurídica en duda— también propone suprimir el voto popular. Evo Morales amenaza con «convulsión social» si no se le permite repostular, pese a las sentencias que lo inhabilitan.
De la politización a la meritocracia
Desde 2011, Bolivia elige magistrados por voto popular, sistema impulsado por el MAS en la Constitución de 2009. «El resultado es un Órgano Judicial sin independencia, con retardación de procesos y corrupción estructural», critica incluso el partido oficialista. La reforma requeriría mayoría legislativa y posiblemente un referéndum.
Un cambio pendiente para agosto
El debate judicial dominará la campaña electoral, con los candidatos apostando por modelos técnicos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recopiló las propuestas, pero su implementación dependerá del próximo gobierno y de la voluntad política para modificar la CPE.
