Abogado denuncia estafa con criptomonedas en Bolivia

Omar Pinto revela que sus clientes pagaron 30.000 bolivianos por criptoactivos no entregados en una operación fraudulenta que simuló un secuestro.
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Agente de policía con chaleco identificativo.
Un agente de policía vistiendo un chaleco con letras blancas de identificación.

Abogado denuncia estafa con criptomonedas en lugar de secuestro

Omar Pinto revela que sus clientes pagaron 30.000 bolivianos por criptoactivos no entregados. La Policía investigaba un supuesto secuestro en El Alto, pero el letrado afirma que fue un ardid para ocultar el fraude. El caso expone riesgos en transacciones informales de monedas digitales.

«La denuncia de secuestro era una cortina de humo»

El abogado Omar Pinto asegura que sus clientes fueron engañados al comprar criptomonedas «a precio inferior al mercado». El vendedor recibió el dinero en persona y alegó demoras en la transacción, pero «las criptomonedas nunca llegaron». La Policía intervino tras una falsa alerta de secuestro, según el profesional.

Detalles de la operación fraudulenta

Los afectados pagaron 30.000 bolivianos en efectivo tras un acuerdo presencial. Pinto advierte que «existe una nueva forma de estafa» donde los estafadores usan reuniones físicas para generar confianza. Al no concretarse la entrega, el vendedor habría denunciado secuestro para evitar acciones legales por el fraude.

Reacción de las autoridades

Pinto criticó que la Policía rechazó inicialmente la denuncia por estafa. «Lo haremos por escrito ante el Ministerio Público», declaró. El caso sigue abierto mientras se contrastan ambas versiones.

Oro digital, riesgos reales

Bolivia mantiene prohibidas las transacciones con criptomonedas desde 2014, pero persiste un mercado informal. Este incidente refleja la vulnerabilidad de los compradores ante ofertas «too good to be true», especialmente sin regulación.

Queda en manos de la Fiscalía

La resolución del caso dependerá de las pruebas presentadas. Mientras, el abogado insiste en que sus clientes son víctimas de un delito financiero, no autores de un secuestro. El episodio alerta sobre los vacíos legales en torno a los criptoactivos.