Denuncias de corrupción y opacidad en el gobierno del MAS

Investigaciones revelan casos de corrupción, opacidad en contratos y manipulación de datos económicos en el gobierno del MAS, con implicaciones millonarias y presunta participación de familiares del presidente.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
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Gobierno del MAS oculta corrupción y falta de transparencia

Denuncias involucran a familiares del presidente y daños millonarios al Estado. Investigaciones revelan negocios opacos en YPFB, compras ilegales de tierras y manipulación de datos económicos. Los casos se mantienen impunes pese a pruebas documentadas.

«Todo se mueve en las sombras»

El artículo denuncia un patrón de opacidad en los gobiernos del MAS, comparándolo con «dictaduras militares». Según el texto, se ocultan contratos, se falsifican informes económicos y se protege a implicados en corrupción, incluidos familiares del presidente Luis Arce.

Escándalos clave

1. Caso YPFB-Botrading: Una empresa fantasma en Paraguay habría desviado 355 millones de dólares, con presunta participación del hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira. La investigación parlamentaria no tuvo consecuencias judiciales.

2. Compra ilegal de tierras: Rafael Arce Mosqueira, otro hijo del mandatario, adquirió en 2021 la propiedad «Adán y Eva» en Santa Cruz por 3,3 millones de dólares a los 25 años. Luego desmontó bosques protegidos con autorización irregular de la ABT.

Manipulación económica

El Banco Central de Bolivia (BCB) oculta datos clave: reservas de gas, reservas internacionales y la emisión de billetes. El tipo de cambio oficial (7 Bs/$) contrasta con el mercado paralelo (19 Bs/$ en mayo 2025).

De la pandemia a los bosques calcinados

El texto recuerda opacidad en compras de vacunas Sputnik (costos no revelados) y licencias mineras en áreas protegidas. Un informe de la Fundación Tierra reveló que 12,6 millones de hectáreas fueron quemadas en 2024, el 66% intencionalmente, con presunta complicidad gubernamental.

Un régimen que borra sus huellas

Las acusaciones apuntan a un sistema que criminaliza a periodistas, fabrica documentales anónimos (como el del «golpe» de junio 2024) y mantiene impunidad. La justicia boliviana, descrita como «inexistente», no investiga los casos denunciados.