Activistas alertan que candidatos con historial adverso en DDHH dominan elecciones en Bolivia
Cinco de los nueve candidatos presidenciales tienen trayectorias cuestionadas en derechos fundamentales. Organizaciones sociales denuncian falta de propuestas claras y antecedentes preocupantes. La situación genera alarma a tres meses de los comicios previstos para agosto de 2025.
«Perfiles nefastos y propuestas débiles»
Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, afirmó que la mayoría de los candidatos carecen de un enfoque claro sobre DDHH. Solo destacó parcialmente a Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) por su alianza con Juan del Granado, y a Eva Copa (Morena) por su tendencia inclusiva.
Casos emblemáticos bajo la lupa
Eduardo del Castillo (MAS-IPSP) es señalado por actos de represión y vulneración del debido proceso durante su gestión como ministro. Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libertad y Democracia) arrastra críticas por su vinculación al régimen de Hugo Banzer y al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, «donde hubo 22 muertos y 300 heridos», según el activista David Inca.
Deudas históricas y riesgos actuales
Herrera recordó que el expresidente Evo Morales vulneró derechos indígenas, mientras que Inca subrayó que Doria Medina apoyó a Áñez y su fundación Pasos Kanki estuvo «implicada en acciones del gobierno transitorio». Ambos citaron informes del GIEI y la ONU que respaldan estas acusaciones.
Un pasado que pesa más que las promesas
Las elecciones de 2025 ocurren en un contexto donde persisten denuncias por violaciones a DDHH durante crisis políticas recientes. El Ministerio de Gobierno mantiene bajo resguardo las instalaciones de la Asamblea Permanente de DDHH, lo que según Herrera refleja un patrón de hostilidad institucional.
La ciudadanía tendrá la última palabra
Los activistas preparan materiales informativos basados en informes internacionales para alertar a los votantes. Advierten que el silencio frente a estos antecedentes podría normalizar abusos, por lo que exigen que el debate electoral incorpore exigencias concretas de transparencia y garantías fundamentales.
