Evismo pide disculpas por amenazas a vocales del TSE
La agrupación Evo Pueblo reconoció el error de su dirigente al difundir direcciones de los magistrados. El incidente ocurrió durante protestas por la inhabilitación de Evo Morales como candidato. Omar Ramírez, vocero del movimiento, aseguró que su lucha no es contra familias sino contra instituciones.
«Nuestra reivindicación no es contra personas»
El vocero Omar Ramírez afirmó que los vocales Óscar Hassenteufel y Tahuichi Tahuichi Quispe «deben sentirse seguros», ya que cuentan con protección estatal. Las disculpas responden a las declaraciones del dirigente Enrique Mamani, quien reveló datos personales de los magistrados y advirtió sobre identificar a sus familias. «Todos tenemos familia, nuestra lucha es contra la institucionalidad», insistió Ramírez.
Protestas y tensión electoral
Los simpatizantes de Morales se movilizan desde el 26 de mayo, argumentando que la exclusión del expresidente vulnera derechos políticos. Wilma Alanoca, representante del movimiento, pidió a los vocales no usar el incidente como excusa: «Ellos tienen protección gubernamental», sostuvo, exigiendo que resuelvan el conflicto en el TSE.
Un camino legal bloqueado
El TSE canceló inicialmente la personería jurídica de PAN-BOL, partido que intentó postular a Morales. Aunque una Sala Constitucional suspendió esa sanción, el órgano electoral rechazó la lista por fuera de plazo. Los «evistas» insisten en que la decisión limita el derecho a elegir de sus bases.
Antecedentes: La sombra de 2020
El conflicto revive tensiones post-elecciones de 2019, cuando Morales renunció tras denuncias de fraude. Su inhabilitación actual se basa en fallos previos que lo acusan de violar normas electorales. Los movimientos sociales leales al expresidente mantienen presión callejera, combinando protestas económicas con demandas políticas.
¿Disculpas o estrategia?
El gesto busca distanciarse de acciones intimidatorias, pero mantiene la exigencia central: la habilitación de Morales. La repercusión inmediata recae en la credibilidad del proceso electoral y la seguridad de los funcionarios. El TSE enfrenta ahora el desafío de administrar los plazos legales bajo presión social.
