YLB impugnará medida que frena contratos de litio sin estudio ambiental

La estatal boliviana rechaza la orden judicial de realizar evaluaciones previas. Un juzgado concedió una tutela a comunidades de Potosí para suspender los acuerdos con empresas extranjeras. El conflicto surge mientras los contratos aún están en trámite legislativo.

«No hay agravio mientras no se aprueben los contratos»

María Cristina Carballo, jefa legal de YLB, afirmó que la empresa no fue notificada ni escuchada durante el proceso. «Se nos vulneró el derecho a la defensa», declaró en Cadena A. La impugnación se basa en que los acuerdos con Uranium One Group y Hong Kong CBC aún no están vigentes.

El origen del conflicto

Campesinos de Nor Lípez presentaron una acción popular el martes 27 de mayo, alegando vulneración de derechos indígenas y ambientales. El juez Edson Villarroel ordenó paralizar trámites hasta realizar un estudio de impacto. YLB insiste en que estas evaluaciones deben hacerse después de la aprobación en la Asamblea Legislativa.

Un precedente que juega a favor de YLB

Carballo recordó que en febrero la Sala Constitucional de La Paz rechazó una tutela similar, al considerar que sin contratos vigentes no existía «agravio cierto». La abogada subrayó que actualmente no se ejecutan acciones administrativas ni obras relacionadas con los proyectos.

Litio entre la ley y las demandas sociales

Bolivia avanza en su estrategia para explotar las reservas del Salar de Uyuni, el mayor depósito mundial de litio. Las comunidades exigen garantías ambientales y consultas previas, mientras YLB prioriza el marco legal vigente.

La pelota está en el tribunal

El desenlace dependerá de la resolución sobre la impugnación presentada por YLB. El caso marca un nuevo capítulo en el debate entre desarrollo económico y protección de derechos en la principal apuesta minera del país.