UCS rechaza denuncia para anular su personería jurídica

El partido UCS denuncia una campaña para impedir su participación electoral, asegurando cumplir con todas las normativas del TSE.
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Hombre con camisa blanca hablando por micrófono con fondo azul.
Persona en primer plano sosteniendo un micrófono, acompañado por otra persona en el lateral derecho, con un fondo azul que incluye parte de un logotipo.

UCS rechaza denuncia que busca anular su personería jurídica

El partido denuncia una «campaña oscura y malintencionada» para impedir su participación electoral. La denuncia fue presentada este jueves por un abogado y una diputada de CC ante el Órgano Electoral. UCS asegura cumplir con todas las resoluciones del TSE.

«Somos víctimas de personajes inescrupulosos»

UCS calificó la denuncia como «sin fundamento y con faltas a la verdad», asegurando que busca impedir su participación en las Elecciones Generales. El partido, liderado por Jhonny Fernández, afirmó que «ha dado estricto cumplimiento a los plazos y normativas del TSE», incluyendo la renovación de su directiva hasta 2029.

Detalles de la denuncia

El abogado Rafael Hurtado y la diputada Senaida Rojas (CC) presentaron la denuncia ante el Órgano Electoral, pidiendo la cancelación de la personería jurídica de UCS por un supuesto incumplimiento de resoluciones. UCS respondió que el TSE ya aprobó su estatuto orgánico en 2021 y su dirigencia en mayo de 2024.

Respuesta institucional

El partido subrayó que «rechaza informaciones con interés político» que generan incertidumbre. Mencionó que su directiva está registrada y vigente hasta 2029, tras elecciones internas avaladas por el TSE.

Un partido en el ojo del huracán

UCS es pilar de la alianza La Fuerza del Pueblo, liderada por el alcalde cruceño Jhonny Fernández. La denuncia surge en un contexto electoral marcado por tensiones políticas.

El futuro dependerá del Órgano Electoral

La resolución sobre la personería jurídica de UCS podría afectar su participación en los próximos comicios. El partido insiste en su legitimidad, mientras los denunciantes exigen su inhabilitación.