Oposición denuncia opacidad en informe del FMI sobre economía boliviana

Candidatos Quiroga y Doria Medina acusan al Gobierno de retrasar la difusión del documento. El Ejecutivo rechaza las acusaciones y afirma que ya autorizó su publicación. El FMI advierte sobre políticas económicas «insostenibles» que requieren ajustes urgentes.

«Buscan esconder la realidad económica», dice la oposición

Jorge «Tuto» Quiroga, candidato de la alianza Libre, denunció que el Gobierno pidió 28 días adicionales para publicar el informe del FMI, alegando un intento de ocultar cifras críticas. «Ya ocurrió antes: analizaron en marzo y publicaron en enero», señaló. Samuel Doria Medina, otro precandidato, calificó la demora como «falta de transparencia que agrava la crisis».

Advertencias del FMI

El organismo internacional alertó que las políticas actuales son «insostenibles» y podrían llevar a un «ajuste desordenado». Recomendó medidas como una devaluación controlada y un ajuste fiscal gradual. Claudia Pacheco, del Colegio de Economistas de Santa Cruz, respaldó las críticas: «Los indicadores ya superan dos dígitos».

«No escondemos nada», responde el Gobierno

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó las acusaciones y aclaró que Bolivia no tiene obligación legal de publicar el informe, al no contar con un programa financiero con el FMI. «Hay tres opciones: autorizar, revisar o no publicar. Ya se autorizó», afirmó. Desde el Ejecutivo también descartaron aplicar las sugerencias del Fondo.

Un debate en plena campaña electoral

La polémica surge en un contexto de tensiones preelectorales, donde la oposición utiliza el informe para cuestionar la gestión económica. Doria Medina prometió que, de llegar al poder, todos los informes internacionales serán públicos. El Gobierno insiste en que la situación no es «tan crítica» como se plantea.

¿Transparencia o estrategia política?

El conflicto refleja la polarización en torno a los datos económicos, con repercusiones directas para los ciudadanos ante posibles ajustes. Mientras la oposición exige acceso inmediato a la información, el Ejecutivo mantiene su postura de autonomía en las decisiones. La credibilidad institucional y las medidas futuras dependerán de cómo se resuelva esta controversia.