66% de incendios en Bolivia fueron intencionados en 2024

Un estudio revela que 12,6 millones de hectáreas fueron arrasadas en Bolivia en 2024, con el 66% de los incendios provocados deliberadamente. Santa Cruz y Beni concentraron el 94% del área afectada.
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Persona con mochila y manguera observa un incendio forestal.
Un individuo con equipo de protección observa un fuego intenso en un área forestal.

El 66% de los incendios en Bolivia fueron intencionados en 2024

12,6 millones de hectáreas arrasadas, la mayor catástrofe ambiental del país. Un estudio de Fundación Tierra revela que dos tercios de los fuegos fueron provocados deliberadamente. Santa Cruz y Beni concentraron el 94% del área afectada.

«Quemas que no respetan fronteras»

El informe ‘Incendios forestales 2024: tras las huellas del fuego’ detalla que el 60% de la superficie quemada corresponde a bosques. Gonzalo Colque, investigador principal, subraya que el 95% de los incendios fueron causados por humanos, divididos en agropecuarios (34%) y «malintencionados» (66%). Estos últimos carecen de medidas preventivas y son impulsados por ocupantes ilegales, empresas agropecuarias y colonos en tierras fiscales o protegidas.

Los rostros detrás del fuego

Juan Pablo Chumacero, director de Fundación Tierra, denuncia que el Estado no escucha las demandas ambientales. Entre las soluciones propuestas figuran «monitoreo efectivo» y auditorías a autorizaciones de deforestación. El Gobierno declaró emergencia nacional y una pausa ambiental de 10 años, aunque el ministro Ruiz adelantó que se flexibilizarán los chaqueos.

Cuando el fuego es política

Bolivia vive una tensión histórica entre expansión agropecuaria y conservación. Los chaqueos (quemas agrícolas autorizadas) son una práctica tradicional, pero en 2024 escalaron a niveles sin precedentes. El estudio confirma que la mayoría de los incendios excedieron los límites legales, incluso en áreas protegidas.

Un paisaje que tarda en regenerarse

La magnitud del daño obliga a replantear las políticas de uso de suelo. Mientras el Gobierno busca equilibrar producción y ambiente, el informe evidencia que la fiscalización fallida es clave en la crisis. La recuperación de los ecosistemas afectados demandará décadas.