Elecciones de 2025 en riesgo por judicialización del proceso

El TCP anuló el principio de preclusión electoral, generando caos en los comicios. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cedió competencias al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que intervino en las elecciones judiciales de 2024. La incertidumbre persiste para las elecciones generales del 17 de agosto.

«El TCP desarma la seguridad jurídica electoral»

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) invalidó el principio de preclusión establecido en la Ley 026, que garantiza la irreversibilidad de las etapas electorales. Según la Sentencia 0770/2024-S4, el TCP decidió «hacer una excepción», lo que permitió anular procesos y postergar las elecciones judiciales en 2023. El OEP ha subordinado sus funciones al TCP, pese a tener igual rango constitucional.

Poderes en conflicto

El TCP, con magistrados prorrogados, controla decisiones clave: existencia de partidos, personerías jurídicas y posible habilitación de candidatos. El OEP solicitó a la Asamblea Legislativa una ley para «blindar» los comicios, pero no ha obtenido respuesta. Dos magistrados prorrogados se autoproclaman «garantes» del proceso, aumentando la desconfianza institucional.

Un precedente que se repite

La judicialización de las elecciones comenzó en 2023, cuando una ola de demandas paralizó los comicios judiciales. El TCP ordenó su administración parcial, rompiendo el principio de preclusión. Ahora, el mismo escenario amenaza las elecciones generales, con el OEP sin autonomía para garantizar el proceso.

Democracia en vilo

La falta de voluntad institucional y la interferencia del TCP ponen en duda la realización de las elecciones. Expertos exigen un debate urgente sobre la independencia de los órganos electorales y constitucionales para evitar el colapso del sistema democrático.