66% de incendios forestales en Bolivia fueron intencionados

Un informe revela que 12,6 millones de hectáreas fueron arrasadas en 2024, con el 66% de los incendios atribuidos a acciones humanas malintencionadas.
El Deber

El 66% de los incendios forestales en Bolivia fueron intencionados

12,6 millones de hectáreas arrasadas en 2024, según un informe de la Fundación Tierra. Santa Cruz y Beni concentraron el 94% de la superficie afectada. El estudio atribuye la mayoría de los fuegos a acciones humanas con fines no agrícolas.

«La mayor catástrofe ambiental de la historia boliviana»

El informe ‘Incendios forestales 2024: tras las huellas del fuego’ revela que el 95% de los incendios fueron provocados, divididos en quemas agropecuarias (34%) y «malintencionadas» (66%). Gonzalo Colque, investigador del estudio, destacó que 7,6 millones de hectáreas afectadas eran bosques, con un impacto irreversible en la biodiversidad.

Responsables y métodos

Las quemas malintencionadas se caracterizan por falta de medidas preventivas y se vinculan a ocupantes ilegales en áreas protegidas, empresas agropecuarias y colonos en tierras fiscales. En contraste, los chaqueos (quemas agrícolas autorizadas) representaron solo un tercio del total.

Desafíos y críticas a la gestión estatal

Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, denunció que «las demandas ambientales no son escuchadas por el Estado». El informe propone reforzar el monitoreo, auditar autorizaciones de deforestación y priorizar áreas críticas. Pese a la «emergencia nacional» declarada en 2024, el gobierno evalúa levantar la pausa ambiental para permitir chaqueos limitados.

Un paisaje en llamas

Los incendios de 2024 superaron cualquier registro histórico, con Santa Cruz (8,5 millones de hectáreas) y Beni (3,4 millones) como epicentros. El gobierno recibió ayuda internacional, pero la reactivación de quemas controladas genera controversia.

El futuro depende de acciones concretas

El estudio subraya la urgencia de políticas efectivas para prevenir incendios y proteger ecosistemas. La tensión entre desarrollo agropecuario y conservación marca el debate, con consecuencias directas para comunidades y clima.