Bolivia enfrenta alta violencia obstétrica y embarazos adolescentes
El 59.8% de las mujeres sufre maltrato durante la atención materna. En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, organizaciones lanzan un proyecto en La Paz para combatir esta problemática. Datos revelan que 6 de cada 10 bolivianas han vivido violencia obstétrica.
«Gritos silenciados en salas de parto»
Según el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Bolivia), la violencia psicológica es la más frecuente, ejercida por médicos (36%) y enfermeras (57%). El 50% de los partos son por cesárea, superando el 15% recomendado por la OMS. “Más de 3 millones de mujeres han sufrido maltrato”, destaca el estudio.
Embarazos que truncaron futuros
En 2023, 32.660 adolescentes quedaron embarazadas, según el Ministerio de Salud. Bolivia ocupa el tercer lugar en mortalidad materna adolescente en Latinoamérica. “La falta de educación sexual y apoyo económico perpetúa la pobreza”, señala el informe “Sueños Interrumpidos” de la Defensoría.
Un proyecto para cambiar realidades
Alianza por la Solidaridad-ActionAid y CIES lanzan una iniciativa en Viacha y Pucarani (La Paz) con cuatro ejes: empoderamiento femenino, mejora de la atención materna, prevención de embarazos adolescentes y capacitación a funcionarios. Incluye campañas como ‘Embarazos Seguros’ y ‘Yo Decido’.
Barreras geográficas y culturales
Las mujeres de estas zonas enfrentan discriminación, sobrecarga hospitalaria y falta de infraestructura. El proyecto promoverá talleres interculturales, vigilancia ciudadana y acciones en redes sociales. “Ninguna mujer debe ser maltratada al dar a luz”, afirma Magalí Chávez, coordinadora de la Alianza.
Una deuda histórica con las mujeres
Bolivia arrastra altas tasas de mortalidad materna y normalización de la violencia obstétrica desde hace décadas. Los embarazos adolescentes, agravados por la deserción escolar y abandono paterno, reflejan falta de políticas públicas efectivas en salud sexual.
Un camino por recorrer
La iniciativa busca reducir las brechas en derechos sexuales y reproductivos, aunque su impacto dependerá de la articulación con autoridades y sociedad. Los datos evidencian la urgencia de actuar frente a estas problemáticas estructurales.
