Nuevo reglamento limita fiscalización y licencias de concejales en Cochabamba

El Concejo Municipal aprobó normas que restringen inspecciones, intervenciones y licencias remuneradas. La oposición anuncia acciones legales. Entró en vigor el 26 de mayo tras ser aprobado por dos tercios del pleno.

«Inspección no es fiscalización»: polémica por límites a concejales

El nuevo Reglamento General elimina las inspecciones como acto de fiscalización, según explicó el oficial mayor Henry Rico. Los concejales deberán solicitarlas a través de sus comisiones y notificar al alcalde. “Se coarta nuestro derecho a fiscalizar”, denunció la concejala del MAS Escarlen Terrazas, quien anunció un recurso de inconstitucionalidad.

Intervenciones en sesiones: fin a los discursos «infinitos»

Se limita el tiempo de palabra: 10 minutos en debates generales y 5 por artículo en revisiones detalladas. Además, los concejales solo podrán hablar de temas incluidos en el orden del día. “No más alusiones personales sin respuesta”, aclaró Rico, permitiendo réplicas de 3 minutos.

Licencias remuneradas: sustituidas por vacaciones

Se eliminan las 24 licencias anuales pagadas. Ahora los concejales usarán días de vacación (15 al año) para ausencias. Excepciones: licencias por matrimonio, duelo o nacimiento de hijos. La concejala Daniela Cabrera (Súmate) critica que “los cambios benefician al alcalde Reyes Villa”, quien planea licenciarse para su campaña presidencial.

De 2014 a 2025: un reglamento con múltiples reformas

El anterior Reglamento Interno data de 2014 y fue modificado tres veces en dos años. Rico justificó el cambio para “eliminar contradicciones y aclarar términos confusos”, como la atribución de «interpretación» a comisiones, ahora reservada al pleno. La norma fue aprobada con votos de oficialismo y ausencia de tres concejalas suspendidas.

Acciones legales y reclamos en el horizonte

La oposición asegura que el reglamento vulnera derechos de fiscalización y transparencia. Terrazas insistió en que “la población nos paga para fiscalizar”, mientras Rico defendió que la norma cumple con la Ley 482 de Gobiernos Autónomos. Su impacto dependerá de resoluciones judiciales y aplicación práctica.