Concejo de Cochabamba aprueba reglamento sin tres concejalas suspendidas
El órgano municipal modificó su normativa con ausencias forzadas de opositoras. Las ediles denuncian que las suspensiones buscan facilitar cambios que benefician al alcalde Reyes Villa, candidato presidencial. Ocurrió este miércoles 28 de mayo en sesión con suplentes.
«Sanciones para silenciar la fiscalización»
El nuevo Reglamento General del Concejo Municipal se aprobó sin las votantes Escarlen Terrazas (MAS), Silvia Soliz (MAS) y Daniela Cabrera (disidente de SÚMATE). Terrazas afirmó que «las suspensiones ilegales buscaban modificar normas a conveniencia del Alcalde», especialmente en temas como su licencia para campaña electoral. La Comisión de Ética, integrada por Marcela Vidaurre (SÚMATE) y Joel Flores (MAS), avaló las inhabilitaciones.
Detalles de las suspensiones
Las tres ediles fueron suspendidas inicialmente por 25 días en abril. Diego Murillo, entonces presidente del Concejo, justificó las sanciones por «amedrentamiento y desinformación». Sin embargo, Soliz y Terrazas acumulan nuevas suspensiones en mayo. Henry Rico, oficial mayor Legislativo, defendió que la modificación del Reglamento se analizaba desde 2023 y requirió dos tercios de votos, logrados con suplentes.
Juego de fuerzas en año electoral
El Concejo tiene 11 miembros: 7 de SÚMATE (partido del alcalde Reyes Villa), 4 del MAS y una disidente (Cabrera). La cercanía de Flores (MAS) al oficialismo y la campaña presidencial de Reyes Villa agudizan las tensiones. Las opositoras insisten en que el Reglamento limita sus facultades fiscalizadoras y otorga privilegios al Alcalde.
Un tablero político con historia
Cochabamba vive una polarización recurrente entre el oficialismo municipal y el MAS. Las suspensiones a concejalas opositoras se repiten desde 2023, coincidiendo con procesos clave. El actual Reglamento, según las afectadas, consolida ventajas para la gestión de Reyes Villa en plena carrera hacia la Presidencia.
El Concejo sigue dividido
La aprobación del Reglamento profundiza la fractura política en el órgano deliberante. Mientras el oficialismo asegura cumplir con los requisitos legales, la oposición denuncia exclusiones estratégicas. El impacto real se medirá en la aplicación de las nuevas normas durante la campaña electoral.
