TCP decide candidaturas electorales en Bolivia mediante demandas legales

Nueve partidos políticos enfrentan riesgo de cancelación de sus siglas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asume control del proceso electoral, relegando al TSE. Acciones legales buscan dejar como único candidato masista a Eduardo Del Castillo, según denuncia el analista Rolando Telleria.

«La batalla se libra en los tribunales, no en las urnas»

El proceso electoral boliviano vive una fase inédita de «judicialización política», donde el TCP —mediante demandas— definiría qué candidatos compiten. «Las salas constitucionales deciden quién sigue y quién queda fuera», señala Telleria. De 11 partidos inscritos inicialmente, solo el MAS, el FRI y el NGP no enfrentan acciones legales.

Estrategia para un candidato único

El objetivo central sería dejar a Eduardo Del Castillo (MAS) como única opción en su campo. Para ello, se activaron demandas contra: – Evo Morales: cerradas sus opciones en FPV y PAN-BOL, con amenazas sobre PDC y UCS. – Andrónico Rodríguez: acción de cumplimiento contra el MTS, su partido. – Eva Copa: demanda para cancelar MORENA. «Las audiencias se postergan de forma sospechosa», advierte el analista.

Opositores «útiles» y fragmentación

En la oposición, partidos como UN (Doria Medina) y APB-Súmate (Reyes Villa) también enfrentan demandas, pero se presume que se mantendrían para dividir el voto. «Son piezas controladas en el tablero», subraya Telleria.

Un precedente peligroso

Bolivia vive un giro autoritario sin precedentes en su democracia, según el texto. El TCP concentra poderes electorales, mientras las demandas buscan reducir la papeleta a tres candidatos. El modelo recuerda a casos como Venezuela o Nicaragua, donde «solo compiten adversarios débiles que legitiman el proceso».

Democracia bajo asedio legal

La judicialización de la política amenaza el sistema de partidos y el principio de competencia electoral. Si prosperan las cancelaciones, el TCP habrá definido el resultado antes de los comicios, marcando un punto de inflexión institucional.