Ministro de Defensa desmiente uso de militares contra Evo Morales

Edmundo Novillo niega que las Fuerzas Armadas intervengan en orden de aprehensión contra el expresidente, calificando las denuncias como "perversa mentira".
Opinión Bolivia

Ministro de Defensa desmiente uso de militares para detener a Evo Morales

Edmundo Novillo niega que las Fuerzas Armadas intervengan en orden de aprehensión. La declaración responde a denuncias del diputado Héctor Arce sobre presuntas órdenes del presidente Luis Arce. La autoridad calificó la versión como «perversa mentira».

«Las FFAA no tienen competencia para ejecutar detenciones»

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, desmintió categóricamente que grupos de élite vayan a aprehender al exmandatario Evo Morales. Subrayó que «las Fuerzas Armadas no tienen facultad para cumplir órdenes judiciales o fiscales», según su publicación en redes sociales. La reacción surge tras la denuncia del diputado «evista» Héctor Arce, quien acusó al Gobierno de planificar la detención mediante militares.

Acusaciones y réplica oficial

Novillo tildó la versión de «perversa mentira», destinada a generar «malestar, indignación y conmoción colectiva». Advirtió que el objetivo sería dañar la imagen del presidente Arce y desestabilizar el país. Pidió a la población «no dejarse sorprender por estas mentiras con fines oscuros».

Estado de la orden de aprehensión

La medida judicial contra Morales por trata de personas con agravante sigue vigente. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que se ejecutará «cuando se den las condiciones y sin riesgos para terceros».

Un clima político enrarecido

El conflicto ocurre en medio de tensiones por intentos de inscripción de Morales como candidato y movilizaciones «evistas». Simultáneamente, se reportan gestiones de otros sectores para reinscribir listas electorales.

La sombra de la polarización

El episodio refleja la fragilidad institucional en Bolivia, donde versiones no confirmadas sobre operativos militares alimentan la desconfianza. La clarificación oficial busca evitar escaladas de tensión, aunque persiste la orden judicial contra el expresidente.