Juzgado boliviano paraliza contratos de litio en Legislativo

Un tribunal de Potosí suspende el trámite de contratos con empresas china y rusa hasta contar con estudios ambientales, protegiendo a 53 comunidades indígenas.
El Deber

Juzgado boliviano paraliza trámite de contratos de litio en el Legislativo

Un tribunal de Potosí ordena suspender el proceso hasta contar con estudios ambientales. La medida protege a 53 comunidades indígenas que denuncian riesgo hídrico. Los contratos con empresas china y rusa estaban en análisis parlamentario.

«Una victoria judicial para las comunidades»

El juzgado de Colcha K concedió una tutela a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que agrupa a 53 comunidades indígenas. «El juez dictó medidas cautelares históricas que frenan proyectos extractivos que amenazan nuestros derechos y fuentes de agua», declaró la organización.

Detalles de la resolución

El fallo ordena la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos con la rusa Uranium One Group y la china CBC. También prohíbe al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ejecutar obras vinculadas a estos acuerdos hasta garantizar el cumplimiento de normas ambientales y de derechos humanos.

El conflicto detrás del litio

La diputada opositora Lissa Claros (Comunidad Ciudadana) alertó que pruebas piloto de una empresa ya causaron «falta de abastecimiento de agua» en la zona. «Implantar una planta al 100% sería el exterminio de estos pueblos», afirmó. YLB, en cambio, negó operaciones vigentes y aseguró que presentará un informe técnico cuando sea notificada.

El oro blanco de Bolivia

El Gobierno de Luis Arce estima reservas de 23 millones de toneladas de litio, principalmente en el salar de Uyuni (Potosí). Los contratos con CBC y Uranium One Group, firmados en 2023-2024, buscan implementar plantas de carbonato de litio. Su tratamiento en el Legislativo se suspendió en febrero por reclamos sociales.

Un alto judicial con impacto económico

La decisión retrasa proyectos clave para la estrategia estatal de industrialización del litio. Mientras las comunidades celebran la protección de sus recursos, el Gobierno y las empresas afectadas deberán ajustarse a los requisitos ambientales para reactivar los contratos.