Justicia ordena suspender convenios de litio en Uyuni por falta de estudio ambiental
Un juez obliga a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos a paralizar acuerdos con empresas extranjeras. La medida protege los derechos de comunidades potosinas y exige un análisis de impacto socioambiental previo. Resolución emitida este 27 de mayo en La Paz.
«Sin estudios no hay explotación»
El juez Edson Villarroel Herrera acogió la acción popular de campesinos de Nor Lípez (Potosí), quienes denunciaron que los convenios con Uranium One Group y Hong Kong CBC vulneraban sus derechos a consulta previa, agua y ambiente sano. «Se suspenden todas las acciones administrativas u obras hasta garantizar las normas de protección», dictaminó.
Detalles de la resolución
La medida cautelar también debe ser notificada a la Cámara de Diputados, donde se debaten los contratos. Expertos ya habían alertado sobre la falta de salvaguardas ante impactos en 20 comunidades, actividades productivas y el uso intensivo de agua en una zona árida.
Postura de YLB
En febrero, el presidente de YLB, Omar Alarcón, defendió que el estudio ambiental se haría tras la aprobación legislativa de los contratos. Los campesinos argumentaron que esta secuencia incumplía sus derechos constitucionales.
Litio bajo presión
El Salar de Uyuni, la reserva de litio más grande del mundo, enfrenta tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental desde 2010. Proyectos anteriores ya generaron conflictos por el manejo de recursos hídricos y la participación de comunidades locales.
Un alto necesario
La resolución judicial frena temporalmente los planes de explotación hasta demostrar su viabilidad ambiental. El caso marca un precedente en la aplicación de normas de consulta indígena y sostenibilidad en megaproyectos bolivianos.
