Justicia ordena paralizar contratos de litio con China y Rusia

Un fallo judicial suspende acuerdos de YLB e Hidrocarburos con empresas china y rusa por irregularidades en los contratos y falta de transparencia.
Opinión Bolivia

Justicia ordena paralizar contratos de litio con empresas china y rusa

Un fallo judicial obliga a YLB e Hidrocarburos a suspender acuerdos con las firmas Hong Kong CBC y Uranium One Group. La diputada Lissa Claros (CC) confirmó que se detendrán los trabajos en el salar y el tratamiento legislativo de los convenios, por irregularidades.

«Los contratos carecen de sustento técnico y jurídico»

La decisión judicial, difundida por Radio FIDES, frena los proyectos de industrialización del litio en Uyuni. Claros denunció que ambos contratos se aprobaron de forma irregular en la ALP, sin evaluaciones medioambientales ni explicaciones claras. «Incluso intentaron presentarlos como convenios», señaló.

Detalles de los proyectos paralizados

El contrato con la rusa Uranium One Group (septiembre 2024) contemplaba una planta de 14.000 toneladas de carbonato de litio y una inversión de 970 millones de dólares. El acuerdo con la china Hong Kong CBC (noviembre 2024) incluía dos plantas similares por 1.030 millones, ambos usando tecnología EDL.

Denuncias prolongadas

Claros reveló que la Comisión de Economía Plural lleva dos años alertando sobre irregularidades en estos procesos. Criticó la falta de transparencia en la firma de los contratos y la ausencia de estudios técnicos que los respalden.

El litio, un recurso en disputa

Bolivia posee una de las mayores reservas mundiales de litio, clave para la transición energética global. Los proyectos con empresas extranjeras han generado controversia por su impacto socioambiental y la falta de consenso político. Esta es la primera vez que la Justicia interviene para suspenderlos.

Un alto judicial con repercusiones económicas

La paralización afecta inversiones por 2.000 millones de dólares y retrasa la industrialización del litio boliviano. El fallo judicial reabre el debate sobre la transparencia en la gestión de recursos estratégicos y podría redefinir el modelo de asociación con empresas extranjeras.