Justicia boliviana suspende contratos de litio con empresas rusa y china
Un juez ordenó la paralización inmediata de los acuerdos con Uranium One Group y CBC. La medida responde a reclamos de comunidades indígenas por posibles daños ambientales. La decisión afecta proyectos por más de 2.000 millones de dólares en inversión.
«Medidas cautelares históricas» para proteger el territorio
La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez de Potosí confirmó que el fallo judicial «frena proyectos que amenazan derechos colectivos, fuentes de agua y a la Madre Tierra». El juez prohibió a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos ejecutar acciones vinculadas a estos contratos.
Detalles del fallo
La resolución incluye la «suspensión inmediata» del tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N° 170/2024-2025 y N° 197, que buscaban aprobar los acuerdos. La diputada opositora Lissa Claros (CC) destacó que los contratos quedan paralizados «mientras no se tenga un informe de impacto medioambiental».
Reacciones y antecedentes del conflicto
La legisladora Claros afirmó que el fallo responde a «una lucha incansable» contra contratos que el Gobierno «pretendía forzar». En febrero, la Cámara de Diputados ya había congelado el proceso hasta completar socializaciones, marcadas por incidentes y protestas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
Inversiones afectadas
Los contratos suspendidos involucraban 1.030 millones de dólares de la china CBC y 975 millones de la rusa Uranium One Group para industrializar el litio. YLB había firmado ambos acuerdos como parte de la estrategia estatal para el sector.
Un recurso en disputa
Bolivia posee las mayores reservas mundiales de litio, recurso clave para la transición energética. Las tensiones entre desarrollo industrial y protección ambiental han marcado la política boliviana en la última década, con frecuentes conflictos en regiones mineras.
El litio queda en pausa
La suspensión judicial prolonga la incertidumbre sobre el modelo de explotación del litio boliviano. El fallo obliga al Estado a garantizar cumplimiento de normas ambientales y de derechos humanos antes de reactivar los proyectos.
