Justicia boliviana suspende contratos de litio con empresas rusa y china
Un fallo judicial paraliza los acuerdos con Uranium One Group y CBC. La medida responde a un recurso de comunidades indígenas de Potosí, que denuncian riesgos ambientales. Los proyectos legislativos para avalarlos también quedan congelados.
«Medidas cautelares históricas» para proteger derechos colectivos»
El juez ordenó la «suspensión inmediata» de los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas asiáticas. «Frenan proyectos que amenazan nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra», declaró la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez.
Bloqueo a acciones administrativas
La resolución prohíbe a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos ejecutar obras vinculadas a estos acuerdos hasta que se evalúe su impacto. Además, se paralizó el tratamiento de los Proyectos de Ley N° 170/2024-2025 y N° 197 en la Asamblea Legislativa.
Oposición celebra: «Contratos quedan paralizados sin estudio ambiental»
La diputada opositora Lissa Claros (CC) destacó que el fallo obliga al Gobierno a detener su avance. «Después de una lucha incansable, la justicia le dice a Luis Arce que los contratos quedan paralizados», afirmó. En febrero, la Cámara de Diputados ya había congelado su análisis por falta de socialización.
Inversiones en riesgo
Los contratos comprometían 1.030 millones de dólares de la china CBC y 975 millones de la rusa Uranium One Group para industrializar el litio. En febrero, protestas del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) forzaron la pausa en las socializaciones gubernamentales.
Un conflicto que viene de lejos
Las tensiones por la explotación del litio en el Salar de Uyuni se arrastran desde 2021, cuando comunidades denunciaron exclusion en las negociaciones. Bolivia posee las mayores reservas mundiales, pero proyectos anteriores enfrentaron críticas por falta de consulta indígena y estudios ambientales integrales.
El litio boliviano sigue en pausa
El fallo judicial mantiene en stand by dos de las mayores inversiones extranjeras en el sector. Su resolución definitiva dependerá de que se garanticen derechos ambientales, indígenas y procesos de consulta, según exige la sentencia.
