Juez federal declara ilegal el intento de DOGE de tomar el control del USIP
La corte ordena reinstalar a la junta directiva original del instituto. El fallo anula la transferencia de la sede valorada en 500 millones de dólares y repudia la actuación del gobierno de Trump.
«Un acto de fuerza sin precedentes»
El juez Beryl Howell calificó como «usurpación de poder» el intento de DOGE y funcionarios trumpistas de controlar el United States Institute of Peace (USIP). La orden judicial declara nulas todas las acciones tomadas desde el despido ilegal de la junta en marzo, incluida la cesión del edificio al Servicio General de Administración (GSA).
La toma forzada
Según documentos judiciales, agentes del FBI y personal de seguridad irrumpieron en la sede del USIP el 16 de marzo, con ayuda de la policía metropolitana de Washington DC. En días posteriores, se despidió a casi todo el personal y se transfirieron los activos, incluido un fondo de 25 millones de dólares.
La batalla legal
El gobierno argumentó que el USIP, al recibir fondos públicos y tener una junta designada por el presidente, estaba bajo su autoridad. Howell rechazó esta interpretación, señalando que el instituto «no ejerce funciones ejecutivas» y su creación por el Congreso lo hace independiente.
De la ambigüedad a la condena clara
En abril, el juez había permitido provisionalmente la transferencia de la sede, alegando «ambigüedad legal». El fallo definitivo, sin embargo, es contundente: los demandados tienen 30 días para apelar, aunque el abogado del USIP, George Foote, confía en mantener la victoria.
Activos en el limbo
El edificio ya estaba siendo arrendado al Departamento de Trabajo, y el paradero del fondo millonario se desconoce. La orden exige revertir todas las transferencias, pero no aclara el proceso práctico para recuperar los recursos.
Un capítulo más en la escalada de DOGE
El USIP, creado en 1984 para promover la resolución pacífica de conflictos, es uno de los primeros organismos independientes afectados por la estrategia de DOGE de controlar instituciones. Este fallo marca un freno judicial inusual a sus tácticas.
¿Y ahora qué?
La reinstalación de la junta original es inminente, pero la apelación del gobierno y la complejidad para recuperar activos prolongarán el conflicto. El caso sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo frente a entidades autónomas.
