Instituciones exigen derogar decreto que amenaza reservas forestales
El Decreto Supremo 5390 permitiría desmontes y avasallamientos en áreas protegidas. La SIB Santa Cruz y Alas Chiquitanas alertan sobre riesgos de deforestación e incendios. La norma, promulgada el 14 de mayo, contradice una resolución judicial que protege el hábitat del jaguar.
«Nuestros pulmones en peligro»
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz denunció que el decreto «abre la puerta al cambio de uso de suelo» en reservas forestales nacionales. Roly Mancilla, su presidente, advirtió que esto provocaría «más deforestación e incendios», recordando que en 2024 se quemaron 10 millones de hectáreas. «Pedimos la abrogación inmediata», afirmó.
Organizaciones en pie de guerra
La ambientalista Alas Chiquitanas exigió en un comunicado que se respete el fallo del Tribunal Agroambiental (SP-TAA 001/2025-AA), que ordenó una «pausa ecológica nacional» en abril. Criticaron que el decreto se aprobó «sin consulta previa» y viola el artículo 385 de la Constitución, que protege el patrimonio natural.
El Estado se deslinda de su responsabilidad
Según el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), la norma reduce la fiscalización estatal sobre tierras fiscales y «facilita la apropiación irregular». Además, habilita la legalización de desmontes, lo que afectaría la seguridad jurídica de las reservas.
Reunión clave en Santa Cruz
La Csciob convocó a una socialización del decreto el 30 de mayo. Gonzalo Mamani, de su comisión de Tierras, justificó el encuentro para analizar «zonificaciones» en Bolivia, aunque no detalló posturas.
Bosques bajo presión histórica
Las reservas forestales bolivianas, creadas por ley para uso sustentable, enfrentan amenazas recurrentes por expansión agrícola y quemas. En 2024, los incendios afectaron principalmente a la Chiquitanía, región donde el jaguar y otros especies ya están en riesgo.
Un decreto que podría costar caro
La polémica norma enfrenta resistencia técnica y legal por sus implicaciones ambientales. Su aplicación dependerá de la respuesta del Gobierno a las demandas de derogación y del cumplimiento de la resolución judicial vigente.