Tuto Quiroga propone plan de rescate económico con hasta 10.000 millones del FMI
La Alianza Libertad y Democracia plantea ajustes fiscales y tipo de cambio flexible. El candidato presidencial busca estabilizar la economía boliviana ante la crisis de reservas y escasez de combustibles. Presentó el plan este 26 de mayo en La Paz, de cara a las elecciones de agosto.
«Dólares urgentes y confianza para el boliviano»
El programa de Quiroga prioriza una inyección inicial de 1.000 millones de dólares (320 millones del FMI y 700 millones del FLAR) para importar combustibles y normalizar operaciones financieras. «Si la población ve un gobierno serio, con dólares y un plan coherente, dejará de refugiarse en el dólar», afirma el documento.
Pilares del rescate
El plan se basa en tres acciones: obtener respaldo externo, recuperar credibilidad gubernamental y ofrecer un programa económico sólido. Incluye reprogramar deuda pública, reducir el déficit fiscal al 3% del PIB (1.500 millones) y reestructurar el Estado (recortar ministerios de 17 a 12 y cerrar empresas deficitarias).
Reforma cambiaria y atracción de inversiones
Propone un tipo de cambio real único y flexible, inspirado en el sistema del «Bolsín» de los 80, para eliminar el mercado paralelo. Además, promete seguridad jurídica y eliminar el doble impuesto a la inversión extranjera, especialmente en sectores extractivos.
De la crisis al «hospital de empresas»
Bolivia enfrenta reservas agotadas, deudas por combustibles y presión sobre el sistema financiero. Quiroga advierte que el país arrastra problemas desde 2011: caída en exploración hidrocarburífera, despilfarro fiscal y colapso de inversiones extranjeras. Su equipo estima que se necesitan 12.000 millones de dólares entre créditos y capitales repatriados para estabilizar la economía.
Un puente hacia 2030
El plan busca ser un salvavidas temporal hasta que se reactive el aparato productivo. Incluye programas sociales de empleo de emergencia y subsidios salariales con el sector privado. Para garantizar transparencia, propone convertir el INE en una entidad técnica independiente que certifique datos públicos.
