Candidato a diputado boliviano investigado por compra sospechosa de vehículo de lujo
Martín Irusta, abogado de Evo Morales, intentó adquirir un Audi de $us 95.000 en efectivo sin justificar fondos. La investigación fue cerrada en noviembre de 2024 pese a irregularidades. El caso resurge ahora que postula por la Alianza Popular, que lleva a Andrónico Rodríguez a la Presidencia.
«Un Audi que nadie reclamó»
Martín Daniel Irusta Flores, abogado del expresidente Evo Morales y candidato a diputado por La Paz, fue investigado en noviembre de 2024 por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Según el DACI, intentó comprar un Audi Q5 Sportblack de $us 95.000 en efectivo, «sin presentar documentación que acreditara el origen del dinero». El vehículo sigue sin ser retirado del concesionario.
La transacción sospechosa
El informe del DACI detalla que Irusta llegó al concesionario en una BMW X7 y evitó proporcionar su nombre. El auto fue registrado a nombre de una joven bailarina (W.C.D.), quien luego negó conocer la compra. La Felcc confirmó que «no se justificó el origen de los fondos».
Investigación frenada
El fiscal Miguel Cardozo Ramírez archivó el caso el 18/11/2024, alegando falta de pruebas. Sin embargo, agentes de la Felcc afirmaron que durante la investigación «el fiscal recibió el llamado de una alta autoridad de Estado». Los policías involucrados fueron removidos de sus cargos.
En medio de la campaña electoral
Irusta figura como candidato a tercer diputado plurinacional por la Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez. El TSE aún no ha validado las listas debido a demandas legales contra el MTS, aliado de la agrupación. Los candidatos pueden sustituirse hasta el 4 de julio.
Un precedente incómodo
El caso ocurre en un contexto donde la legitimación de ganancias ilícitas es un delito frecuente en Bolivia, especialmente en transacciones con vehículos de lujo. La falta de transparencia en el origen de fondos ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales.
El Audi sigue esperando dueño
El vehículo permanece en el concesionario, mientras la candidatura de Irusta depende de la resolución de conflictos legales en el TSE. El caso evidencia los desafíos de control en el financiamiento político y las compras de alto valor en el país.
