Organizaciones exigen restituir juzgados especializados contra violencia de género
300 organizaciones denuncian retrocesos en la protección a mujeres. Presentaron una agenda urgente ante las elecciones 2025, alertando sobre la eliminación de juzgados especializados y la impunidad del 70% en feminicidios.
«Un retroceso alarmante en derechos»
La Agenda de Justicia y Derechos Humanos, respaldada por más de 300 organizaciones, revela que el Tribunal Supremo de Justicia eliminó en marzo de 2024 la especialización de juzgados en violencia de género. «Los casos ahora son atendidos por juzgados penales ordinarios, sin enfoque de género», señala el documento. Hasta noviembre de 2024, se registraron 45.396 denuncias bajo la Ley 348, con un 74,7% por violencia intrafamiliar.
Feminicidios e impunidad
En 2024 se reportaron 79 feminicidios, el 70% cometidos por parejas o exparejas. Solo el 30% de los casos entre 2013-2024 obtuvo sentencia. Las organizaciones critican fallos que absuelven agresores sexuales pese a pruebas y la falta de capacitación en género entre operadores de justicia.
Presupuesto y desprotección
El sistema enfrenta falta de fondos: juzgados sin recursos, cobertura limitada del IDIF y medidas de protección ineficaces. «El Estado debe garantizar la ruta de atención integral», exigen. Además, alertan que el proyecto de ley 143-2023-2024 busca modificar la Ley 348, «debilitando mecanismos de protección».
Propuestas clave
Las organizaciones piden restituir juzgados especializados, capacitar al personal y asegurar presupuestos con enfoque de género. También fortalecer servicios municipales (SLIMs, DNA) en zonas rurales y proteger la Ley 348 mediante campañas contra la desinformación.
Un sistema patriarcal que resiste
Bolivia avanzó normativamente con la Ley 348 (2013), pero persisten fallos judiciales con sesgo patriarcal y baja ejecución presupuestaria. La eliminación de juzgados especializados en 2024 profundizó la crisis.
Justicia pendiente para las mujeres
La agenda plantea una hoja de ruta urgente para candidatos electorales: revertir los retrocesos y garantizar un sistema judicial accesible. «Sin justicia para ellas, no hay democracia», concluye el documento.
