Ingenieros forestales denuncian que decreto fomenta desmontes ilegales
El Decreto Supremo 5390 podría legalizar ocupaciones irregulares en reservas forestales. El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz alerta que la norma vulnera el marco legal y compromisos ambientales internacionales. Exigen su derogación inmediata.
«Un decreto que debilita la protección forestal»
El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz advirtió que el decreto, promulgado el 14 de mayo por el presidente Luis Arce, «promueve el cambio de uso de suelo en reservas y deslinda responsabilidades del Estado». Según su comunicado, la norma contradice leyes nacionales y acuerdos como el Acuerdo de París y la Ley 300 de la Madre Tierra.
Riesgo de legalización de tierras ocupadas ilegalmente
La organización critica que el decreto «allana el camino para que terceros obtengan titularidad de tierras fiscales» mediante la Función Económica Social (FES). «Transforma el avasallamiento en oportunidad de legalización», resaltan, lo que afectaría la institucionalidad agraria y ambiental.
Discrecionalidad en la gestión forestal
El artículo 7 del decreto introduce figuras como «otros instrumentos de gestión» sin definición clara, lo que, según los ingenieros, otorga «discrecionalidad excesiva» a las autoridades. Esto podría facilitar la aprobación de planes en territorios ocupados ilegalmente.
Un contexto de presión sobre los bosques
Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosques primarios en 2024, según el Observatorio Forestal Global. Las reservas forestales, bajo competencia estatal desde 1996, enfrentan crecientes presiones por ocupaciones y desmontes ilegales, agravados por la falta de fiscalización.
Exigencias y próximos pasos
Los ingenieros forestales demandan derogar el decreto, investigar ocupaciones irregulares y reforzar el monitoreo. También piden un diálogo vinculante sobre el futuro de las reservas. La norma, en su estado actual, podría consolidar prácticas que «ponen en riesgo la seguridad jurídica y ambiental» del país.