Decreto gubernamental fomenta desmontes ilegales, según forestales

Ingenieros forestales denuncian que el Decreto Supremo 5390 debilita la protección ambiental y favorece avasallamientos en reservas forestales.
El Deber

Forestales denuncian que decreto gubernamental fomenta desmontes ilegales

El Decreto Supremo 5390 habilita cambios de uso de suelo en reservas forestales. El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz alerta que la norma, promulgada en mayo de 2025, debilita la protección ambiental y favorece avasallamientos. Exigen su derogación por considerar que prioriza intereses políticos en año electoral.

«Una puerta abierta a la deforestación»

El CIF-SC advierte que el decreto «vulnera el marco legal ambiental» al permitir planes de desmonte en reservas fiscales, destinadas por ley a conservación. «Promueve la apropiación irregular de tierras y reduce la fiscalización estatal», señala el comunicado. La norma también introduce figuras ambiguas como «otros instrumentos de gestión», lo que genera inseguridad jurídica.

Impacto inmediato y riesgos

Según los ingenieros, el decreto facilita legalizar ocupaciones ilegales y ampliar la frontera agrícola sin procesos transparentes. Esto ocurre en un contexto donde Bolivia ya es el segundo país con mayor pérdida de bosques, según Global Forest Watch. «Aceleramos hacia un desastre ecológico», subrayan.

Cuatro exigencias frente a la crisis

El CIF-SC plantea: 1) Derogar el decreto, 2) Investigar avasallamientos, 3) Fortalecer el monitoreo ambiental y 4) Abrir un diálogo nacional sobre ordenamiento territorial. «Debemos revisar el modelo de uso de suelo con todos los actores», insisten.

Bosques bajo presión electoral

Bolivia perdió más de un millón de hectáreas de bosques en cinco años. El CIF-SC vincula el decreto con una «motivación política» para legalizar asentamientos antes de elecciones, incumpliendo compromisos internacionales climáticos y de biodiversidad.

Credibilidad ambiental en juego

La medida profundiza la crisis de deforestación y expone al país a críticas por incumplir acuerdos globales. Su aplicación dependerá de la respuesta gubernamental a las demandas técnicas y sociales.

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