Bolivia segundo en pérdida de bosques primarios en 2024

Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios en 2024, según el Observatorio Forestal Global, mientras se cuestionan permisos de quema otorgados por la ABT.
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Bolivia es el segundo país que más bosques primarios perdió en 2024

El Observatorio Forestal Global situó al país solo por detrás de Brasil en deforestación. Mientras el Territorio Indígena Charagua Iyambae controló los incendios, TIERRA denunció que la ABT otorgó permisos de quema al hijo del presidente. Los datos contrastan con la celebración de la Semana Laudato Si’ 2025.

«Entre la conservación y los permisos cuestionados»

El informe internacional destaca que Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios, pese a las medidas gubernamentales. Sin embargo, resalta el éxito de Charagua Iyambae, donde «la gestión comunitaria evitó incendios por segundo año consecutivo». Paralelamente, TIERRA reveló que la ABT autorizó desmontes en el predio «Adán y Eva», vinculado a Rafael Arce Mosqueira.

Denuncias de tráfico de influencias

La organización TIERRA señaló «posibles delitos ambientales y uso de influencias» en los permisos otorgados. El comunicado menciona vulneraciones a normativas, aunque no hay pronunciamiento oficial de la ABT. El caso coincide con la Semana Laudato Si’, que promovió acciones ecológicas bajo el lema «Brindando Esperanza».

Un territorio que resiste

Charagua Iyambae, primer gobierno autónomo indígena de Bolivia, demostró que la gestión local reduce incendios. Su modelo contrasta con la pérdida nacional de bosques, que afecta a biodiversidad como el jaguar, protegido por medidas cautelares del Tribunal Agroambiental desde abril.

Entre encíclicas y contradicciones

Mientras instituciones eclesiales conmemoraban los 10 años de la encíclica Laudato Si’, el informe global expuso la acelerada deforestación en Bolivia. El conflicto se agrava con las denuncias contra la ABT y la presión minera para explotar en cabeceras de agua, prohibida desde 2023.

Un futuro en disputa

La pérdida de bosques y las denuncias de corrupción ambiental tensionan las políticas públicas. Aunque iniciativas como Charagua Iyambae o la protección al jaguar marcan avances, la implementación efectiva de las normativas sigue siendo el desafío.