Bolivia es el segundo país que más bosques primarios perdió en 2024
El Observatorio Forestal Global situó al país solo por detrás de Brasil en deforestación. Mientras el Territorio Indígena Charagua Iyambae controló incendios por segundo año, TIERRA denunció que la ABT otorgó permisos de desmonte al hijo del presidente. Los datos se conocen durante la Semana Laudato Si’ 2025.
«Dos caras de la crisis ambiental»
El informe internacional destaca que Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios, pese a las medidas gubernamentales. En contraste, Charagua Iyambae demostró que «la gestión comunitaria frena la degradación», según el Observatorio. Paralelamente, la ONG TIERRA reveló que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del mandatario, recibió autorizaciones de quema en el predio «Adán y Eva».
Denuncias con nombre propio
La ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) habría vulnerado normativas ambientales, según TIERRA. La organización señaló «posibles delitos de tráfico de influencias» en los permisos otorgados entre 2023 y 2025. El caso coincide con la celebración católica de la Semana Laudato Si’, que promueve el cuidado ecológico.
Luces y sombras en la gestión
Mientras el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) renovó su liderazgo con Idelfonso Canaza, el Tribunal Agroambiental emitió en abril medidas cautelares para proteger al jaguar. Sin embargo, organizaciones como el CEDIB alertan sobre «flexibilización de normas mineras» que agravan la contaminación en Viacha y el norte de La Paz.
Cuando la tierra clama
Bolivia arrastra una tensión histórica entre explotación de recursos y conservación. La Ley Minera de 2014 permite actividades en áreas sensibles, mientras que la encíclica Laudato Si’ (2015) impulsó discursos ambientales. En 2024, mineros ilegales contaminaron ríos con cianuro, y ahora presionan para operar en cabeceras de cuenca.
El futuro se decide ahora
Los datos del Observatorio Forestal y las denuncias de TIERRA exponen contradicciones en la política ambiental boliviana. Mientras instituciones como el Sernap y el Tribunal Agroambiental actúan, casos como los permisos a Arce Mosqueira generan desconfianza. La eficacia de las medidas dependerá de su aplicación en un contexto de presiones económicas y climáticas.