Bolivia, segundo país con mayor pérdida de bosques en 2024

Informe revela que Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios en 2024, con críticas a permisos irregulares. Charagua Iyambae destaca como modelo de conservación.
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Bolivia es el segundo país que más bosques primarios perdió en 2024

El Observatorio Forestal Global sitúa al país solo por detrás de Brasil en deforestación. Mientras el Gobierno enfrenta críticas por permisos de quema irregulares, el Territorio Indígena Charagua Iyambae destaca por controlar incendios. La ABT otorgó autorizaciones al hijo del presidente, según denuncia TIERRA.

«Permisos bajo sospecha y un oasis de conservación»

El informe revela que Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios en 2024, un 18% más que en 2023. TIERRA señala que la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) autorizó desmontes en el predio «Adán y Eva», propiedad de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente. «Existen indicios de tráfico de influencias», afirma el comunicado.

Charagua Iyambae: el contraste

Frente a la tendencia nacional, este territorio indígena en Santa Cruz redujo incendios un 40% por segundo año consecutivo. Su modelo de gestión comunitaria incluye vigilancia satelital y planes de prevención.

Entre la Laudato Si’ y la minería ilegal

La Semana Laudato Si’ 2025, celebrada en mayo, contrasta con los conflictos ambientales. El Tribunal Agroambiental ordenó medidas cautelares para proteger al jaguar, mientras mineros presionan para explotar cabeceras de cuenca. El Cedib denuncia que el Estado usa la pobreza para imponer proyectos extractivos.

Cuando las leyes no alcanzan

El Observatorio Forestal Global atribuye la deforestación a la expansión agropecuaria y la minería. Aunque Bolivia tiene normativas ambientales, su aplicación es inconsistente. Ejemplo: el viceministro de Minería admitió que la extracción aurífera ilegal en La Paz causó inundaciones, pero no hubo sanciones.

Un futuro entre la urgencia y la esperanza

El país enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y conservación. Mientras instituciones como el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) renuevan su liderazgo con Idelfonso Canaza, organizaciones indígenas y civiles exigen transparencia en los permisos de desmonte. El caso Charagua demuestra que alternativas sostenibles son posibles.