Bolivia es el segundo país que más bosques primarios perdió en 2024
El Observatorio Forestal Global sitúa al país solo por detrás de Brasil en deforestación. Mientras el Territorio Indígena Charagua Iyambae controla los incendios, TIERRA denuncia permisos de quema a familiares del presidente. La ABT enfrenta acusaciones de tráfico de influencias.
«Dos realidades en la lucha ambiental»
El informe internacional destaca que Bolivia perdió 350.000 hectáreas de bosques primarios, pese a las medidas gubernamentales. Sin embargo, Charagua Iyambae se consolida como caso excepcional al reducir incendios por segundo año consecutivo. La ABT, cuestionada por otorgar permisos a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del mandatario, en el predio «Adán y Eva».
Conflictos y contradicciones
TIERRA señala «posibles delitos de tráfico de influencias» en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). La organización vincula los permisos con vulneraciones a normativas ambientales. Paralelamente, el Tribunal Agroambiental emitió en abril medidas cautelares para proteger al jaguar y su hábitat.
Entre la celebración y la crisis
La Semana Laudato Si’ 2025, celebrada días antes del informe, promovió diálogos virtuales sobre ecología integral. Mientras, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) estrenó nueva autoridad: Idelfonso Canaza, designado con aval del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Un modelo que agota los recursos
La minería ilegal en Viacha y el norte de La Paz, sumada a las presiones para explotar cabeceras de cuenca, reflejan la tensión entre desarrollo económico y conservación. El CEDIB alertó en febrero que el Estado usa la pobreza de comunidades para imponer proyectos extractivos, mientras la Plataforma Frente al Cambio Climático exige que los mineros paguen por contaminar.
¿Conservar o explotar? El dilema que define el futuro
Los datos del Observatorio Forestal Global contrastan con los esfuerzos locales como Charagua Iyambae. Las denuncias contra la ABT y la minería ilegal profundizan el debate sobre el cumplimiento real de las normativas ambientales en un país con alta dependencia de recursos naturales.
