Bolivia pierde más bosques primarios y ABT otorga permisos a hijo de presidente
Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosques primarios en 2024, según el Observatorio Forestal Global. Mientras, la ABT concedió permisos de quema y desmonte al hijo del presidente, según denuncia de TIERRA. El Territorio Indígena Charagua Iyambae destaca por controlar incendios.
«Dos caras de la crisis ambiental»
El informe global revela que Bolivia solo es superada por Brasil en deforestación, pese a las medidas gubernamentales. En contraste, Charagua Iyambae mantuvo por segundo año consecutivo un manejo efectivo de incendios. Paralelamente, TIERRA denunció que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) otorgó permisos a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente, para desmontes en el predio «Adán y Eva».
Implicaciones legales y ambientales
La organización señala posibles delitos de tráfico de influencias y violación de normativas ambientales. El caso surge durante la Semana Laudato Si’ 2025, que promueve la protección ecológica bajo el lema «Brindando Esperanza».
Entre la celebración y la controversia
Mientras instituciones eclesiales conmemoran los 10 años de la encíclica ambiental del Papa Francisco, la ABT enfrenta críticas por su gestión. El Tribunal Agroambiental ya había ordenado medidas cautelares en abril para proteger al jaguar y su hábitat, reflejando tensiones recurrentes entre desarrollo y conservación.
Un modelo bajo presión
Bolivia arrastra conflictos por minería ilegal, contaminación de agua y flexibilización de normas. El Cedib alertó en febrero que el Estado usa la pobreza para presionar a comunidades, mientras mineros buscan explotar cabeceras de cuenca. El viceministerio reconoció que esta actividad agrava inundaciones en La Paz.
¿Esperanza o paradoja?
La combinación de datos globales, denuncias locales y acciones indígenas expone la complejidad de la gestión ambiental en Bolivia. Mientras el país escala en rankings negativos, casos como Charagua Iyambae muestran alternativas, pero las acusaciones contra la ABT cuestionan la coherencia institucional.
