Autoridades investigan vínculos de políticos con narcotraficante del PCC en Santa Cruz
El brasileño «Tuta», cabecilla del PCC, residía en un condominio privado vinculado a políticos bolivianos. Las autoridades allanaron el inmueble el 23 de mayo de 2025 para recabar pruebas sobre protección local al fugitivo, condenado en Brasil por crimen organizado y narcotráfico.
«¿Qué políticos frecuentaron el condominio del capo?»
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía buscan identificar a quienes brindaron apoyo logístico a Marco Roberto de Almeida («Tuta»), arrestado el 17 de mayo al intentar renovar su cédula con identidad falsa. El narcotraficante habría llegado a Bolivia en 2020 huyendo de una condena de 12 años en Brasil.
Señalamientos cruzados en la clase política
El diputado Anyelo Céspedes cuestionó supuestos vínculos entre Tuta y el excandidato Mario Cronenbold, destituido como jefe de campaña de Andrónico Rodríguez. «¿Por qué se dice que el narcotraficante trajo dinero para apoyar una campaña presidencial?», planteó. Cronenbold habría compartido espacios con Tuta en el gimnasio del condominio «Jardines del Norte 4».
Allanamientos y nuevas pistas
Las autoridades confirmaron que Tuta tenía tres domicilios en el condominio, cercanos a propiedades vinculadas a miembros del partido UCS y la familia Crapuzzi. El analista Luis Alberto Ruiz señaló que Andrónico Rodríguez habría pernoctado los fines de semana en una de las viviendas, aunque no hay pruebas oficiales.
Un pasado que vuelve a la luz
Tuta enfrenta cargos por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero en Bolivia. Su caso reactiva debates sobre vínculos históricos entre políticos y crimen organizado, recordando escándalos similares durante el gobierno de Evo Morales. Las investigaciones previas lo vinculaban a asaltos a vehículos de remesas en Brasil.
Justicia bajo la lupa
La presión recae ahora sobre el ministro Eduardo del Castillo para demostrar transparencia en la investigación. La Fiscalía mantiene la recolección de evidencias, mientras crecen las demandas para esclarecer los alcances de las redes de protección al narcotraficante.
