Bukele aprueba ley que restringe financiación a ONG en El Salvador
La normativa impone un 30% de impuesto a donaciones extranjeras y limita actividades de organizaciones. Fue aprobada con 57 de 60 votos en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista. Organizaciones de DDHH la consideran un intento de silenciar críticas al Gobierno.
«Una herramienta para controlar la disidencia»
La ley, impulsada por el presidente Nayib Bukele, obliga a las ONG a registrarse como «agentes extranjeros» si reciben financiación internacional y prohíbe donaciones anónimas. «El Gobierno podrá aprobar reglamentos para definir competencias y sanciones», señala el artículo 20. HRW denuncia que la norma se aprobó sin debate público y otorga «amplias facultades para clausurar organizaciones».
Reacción de organizaciones internacionales
Juanita Goebertus, de HRW, afirma que la ley busca «silenciar denuncias de corrupción y violaciones de DDHH». La ONU alertó sobre su «lenguaje ambiguo» y posible uso para «restringir libertades fundamentales». La normativa compara con legislaciones de Rusia y Nicaragua, criticadas por su enfoque represivo.
Concentración de poder en seis años de Gobierno
Bukele, en su segundo mandato pese a limitaciones constitucionales, controla la Asamblea Legislativa con su partido Nuevas Ideas. En 2020, irrumpió con fuerzas de seguridad en el Parlamento para aprobar un préstamo en seguridad, un acto calificado como «erosión democrática». El régimen de excepción vigente ha sido denunciado por detenciones arbitrarias y torturas.
Un patrón regional con raíces globales
Leyes similares existen en Rusia, Venezuela y Nicaragua, donde se usan para vigilar a la sociedad civil. La FARA de EE.UU. (1938) inspiró estas normas, aunque con fines iniciales distintos. En 2024, el Tribunal Europeo de DDHH declaró la versión rusa «violatoria de libertades básicas».
El Salvador bajo lupa internacional
La ley profundiza las tensiones entre Bukele y organismos de DDHH, que ven un patrón autoritario. Su impacto en la sociedad civil y medios independientes dependerá de cómo se apliquen los reglamentos, ahora en manos del Ejecutivo.