Vocal del TSE amenaza con renunciar por temor a represalias judiciales

Francisco Vargas advierte que el Tribunal está en «fuego cruzado del poder político». El vocal electoral exige garantías para evitar persecución legal si no acatan resoluciones judiciales. La crisis surge mientras ocho recursos legales intentan excluir a partidos de las elecciones del 17 de agosto.

«No quiero ir preso»: la advertencia que revela la presión

El vocal Francisco Vargas justificó su amenaza de renuncia: «Si el TSE no cumple una sentencia, será sujeto de persecución judicial». Explicó que en Bolivia existe el delito de «desobediencia a resoluciones constitucionales». «Hemos pedido blindaje institucional, igual que otras altas autoridades», reclamó en EL DEBER Radio.

El TSE, entre la ley y la independencia

Vargas aseguró que el Tribunal tiene «voz propia» y avanza con el calendario electoral, pero demandó «compromiso en hechos de todas las instituciones». Criticó que el órgano electoral no cuente con el mismo amparo legal que otros poderes del Estado.

Ocho procesos judiciales que paralizan el proceso

El TSE enfrenta ocho recursos legales, incluyendo amparos constitucionales y acciones de libertad. «Somos el blanco de un fuego cruzado del poder político», lamentó Vargas. Solo este viernes, el equipo jurídico del Tribunal tiene tres audiencias programadas, con más previstas para la próxima semana.

Partidos en la mira

La Sala Plena del TSE ya rechazó denuncias contra el MTS y el PDC, pero mantiene pendiente el caso de la UCS. Los recursos buscan excluir a la mayoría de organizaciones políticas registradas para los comicios, según el vocal.

Elecciones bajo asedio legal

La crisis surge en un contexto de creciente judicialización de la política boliviana. Desde 2020, el TSE ha enfrentado múltiples impugnaciones a sus decisiones, pero esta es la primera vez que un vocal amenaza públicamente con renunciar por temor a represalias penales.

El calendario electoral en juego

La advertencia de Vargas expone el riesgo de que los comicios del 17 de agosto se vean afectados por disputas legales. Su declaración refleja la fragilidad institucional del órgano electoral en medio de presiones políticas cruzadas.