Gobierno boliviano evalúa acciones legales contra evistas

El ministro Ríos advierte sobre posibles delitos por protestas que busquen alterar el proceso electoral del 17 de agosto. El Ejecutivo asegura que actuará para proteger la democracia.
El Deber

Gobierno boliviano evalúa acciones legales contra dirigentes evistas

El ministro Ríos advierte sobre posibles delitos por protestas que busquen alterar el proceso electoral. La medida responde a la convocatoria de una marcha indefinida desde el 26 de mayo para exigir la renuncia de Arce. El Ejecutivo asegura que actuará para proteger las elecciones del 17 de agosto.

«No permitiremos que se ponga en riesgo la democracia»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que se analizarán acciones legales contra dirigentes evistas si sus declaraciones «incitan a la confrontación». «Respetamos el derecho a protesta pacífica, pero rechazamos cualquier intento de generar convulsión», afirmó. La advertencia surge tras el anuncio de una marcha hacia La Paz para exigir la salida de Arce y autoridades electorales.

Operativos y resguardos

Ríos detalló que hay operativos policiales en tribunales electorales, pero aclaró que no se intervendrán vigilias sin hechos violentos. Criticó que «algunos grupos intentan forzar candidaturas inválidas», en alusión al expresidente Evo Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional. Sus seguidores mantienen una vigilia en Cochabamba, liderada por el senador Leonardo Loza.

Un pulso político en año electoral

Las tensiones se agudizan en vísperas de las elecciones del 17 de agosto. Morales, sin opción legal de candidatura tras la pérdida de personería jurídica de PAN-Bol, sigue movilizando a su base. El Gobierno insiste en que no tolerará acciones que «saboteen» el proceso, mientras los evistas acusan a Arce de consolidar un «gobierno ilegítimo».

El calendario marca la urgencia

Con la marcha evista programada para iniciar en tres días y las elecciones a menos de tres meses, el escenario político entra en fase crítica. Las decisiones judiciales y la respuesta a las protestas definirán la estabilidad del proceso electoral, clave para Bolivia tras años de polarización.